La próxima semana seguramente se aprobará, en sexto debate, el proyecto reformatorio de la Constitución que ordena volver a la fórmula original de 1991 en materia de distribución de recursos y competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Será un hecho político muy significativo, lleno de símbolos y de consecuencias en materia de reparto de poder, que tiene a los economistas aterrados.

Ellos, que repiten orgullosos, cada vez que lo encuentran oportuno, la frase de campaña de Bill Clinton de hace más de 30 años, que llama la atención a concentrarse en la economía, parecen no haberse percatado que los temas de la organización territorial, de la distribución vertical del poder, son asuntos de política, de la más dura. Asuntos que históricamente han generado guerras, en Colombia algunas en la segunda mitad del siglo XIX, en otras partes divisiones de países y permanentes reclamos de independentismo. Acá el debate se quiere mantener en “la descentralización” como una herramienta de administración que se supone más eficiente.

Ellos, que repiten orgullosos, cada vez que lo encuentran oportuno, la frase de campaña de Bill Clinton de hace más de 30 años, que llama la atención a concentrarse en la economía, parecen no haberse percatado que los temas de la organización territorial, de la distribución vertical del poder, son asuntos de política, de la más dura. Asuntos que históricamente han generado guerras, en Colombia algunas en la segunda mitad del siglo XIX, en otras partes divisiones de países y permanentes reclamos de independentismo. Acá el debate se quiere mantener en “la descentralización” como una herramienta de administración que se supone más eficiente.

Era casi obvio que una de las reacciones ante el triunfo electoral de Gustavo Petro sería intentar reducir los poderes del gobierno central y fortalecer los de los gobiernos territoriales. Es la misma rápida reacción que tuvo Álvaro Gómez cuando, en 1986, después de perder las elecciones frente a Virgilio Barco, propuso y consiguió la aprobación de la elección popular de alcaldes a la que se había opuesto su partido históricamente. Para conservar algo de poder ejecutivo e impedir que en municipios tradicionalmente conservadores fuesen nombrados alcaldes liberales había que asegurar que fuese la gente la que escogiera al gobernante local.

“La reactivación se hace desde las regiones”, “el país se reconstruye desde las regiones”, se ha repetido todos los días desde que fue elegido Gustavo Petro, para significar que, dado que con el gobierno nacional no se cuenta, hay que empoderar a alcaldes y gobernadores. Oportunidad perfecta para volver al debate de 1991 y tratar de recuperar el terreno que se había perdido de allá a acá.

Quedamos, como por arte de magia, de la magia de la política, en un escenario impensable hace algo más de dos años: la discusión sobre la autonomía territorial en primera plana y un congreso mayoritariamente dispuesto a entregar más recursos y competencias a las regiones, después de que durante los treinta anteriores había abierto todos los canales para concentrarlos en las entidades nacionales en las que tienen capacidad de intermediación que después se vuelve réditos electorales.

¿Y el gobierno? Como los liberales en 1986, preso del discurso. Después de reclamar siempre más poder para las autoridades locales e incluso de invitar a pensar en la federalización le resulta imposible oponerse a la propuesta que, además acogió cuando resolvió designar como su ministro del interior a Juan Fernando Cristo uno de los promotores de la propuesta. Además, si el Pacto Histórico pierde las elecciones del 26 le sirve mucho tener gobiernos territoriales fortalecidos.

En medio de las decenas de reformas que se le han introducido a la Constitución de 1991, la única que ha tocado realmente un asunto medular de sus reglas de construcción ha sido la del cambio de fórmula para la repartición de recursos entre la Nación y las entidades territoriales. La que ahora se pretende revertir. Y, claro, ese cambio fue acompañado de un proceso recentralizador de competencias y funciones que tiene a las entidades nacionales haciendo caminos vecinales, parques barriales, dando comida en los colegios, haciendo casas de atención al adulto mayor, administrando los recursos de la salud y la educación. La senadora Angélica Lozano calculó que al menos 15 billones de pesos anuales gasta el gobierno nacional en tareas puramente locales.

Como lo dijo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en un reciente salvamento de voto, otorgar esas competencias a entidades nacionales viola la distribución constitucional de competencias entre los niveles de gobierno. Ha habido un equívoco, más o menos generalizado, de creer que es la ley la que distribuye las competencias, cuando varios textos constitucionales ya fijaron la regla, escrita por Perogrullo, que los asuntos locales son locales y punto.

Que se hubieran alineado súbitamente los astros de la política en el tema de la distribución territorial del poder y que las mayorías estén en favor de fortalecer los gobiernos regionales y locales ha conseguido el extraordinario y sorpresivo resultado de que estemos discutiendo seriamente sobre qué debe hacer el gobierno nacional y qué los territoriales y con qué plata.

A todo el mundo le parece natural que uno de los programas bandera del director de una agencia nacional como Prosperidad Social sea hacer plazas de mercado, incluso en Bogotá, y nadie pregunta con qué competencia. El Presidente anuncia y se lo aprueban en el Plan de Desarrollo que la nación hará el Hospital San Juan de Dios en pleno centro de Bogotá y nadie lee siquiera las normas constitucionales que le confieren a los municipios y departamentos la garantía de la prestación de los servicios de salud.

El proyecto tiene problemas de técnica legislativa y de redacción que se pueden corregir. Los resultados técnicos de la Misión de descentralización son muy buenos y se deben tener en cuenta, pero hay que avanzar. El “partido de los economistas” que tanta incidencia tiene en el debate público, pero tan pocos votos logra conseguir, no conseguirá detener el proyecto porque estamos hablando de política no de economía.

Seguramente los economistas tienen algo de razón en sus preocupaciones y en los debates que faltan se encontrarán formas de matizar la fórmula extrema que lleva el proyecto o incluso de condicionar su vigencia a la aprobación de una ley de competencias, pero cualquiera sea la regla que se acoja será un enorme avance y una reivindicación del espíritu constitucional del 91.

Fuente: https://www.lasillavacia.com