Promotores del referendo para que Colombia vote por la autonomía fiscal regional creen que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) no generaría independencia frente al Gobierno central.

En Colombia ha sido una constante el debate sobre la descentralización, máxime cuando algunos la califican como una promesa incumplida de la Constitución de 1991. Pero este año pasó del dicho al hecho y es así como están cursando un proyecto de acto legislativo en el Congreso y una recolección de firmas a nivel nacional que van en esa dirección.

Como ha venido sonando en las últimas semanas, el proyecto tiene que ver con una enmienda al Sistema General de Participaciones (SGP), cuyo objetivo es enviarles más plata a las regiones. En resumidas cuentas, que pasen de recibir el 24% de los ingresos corrientes de la Nación al 39,5%, a la vuelta de unos 12 años contados a partir de 2027.

Mientras esto ocurre en el Congreso y está a un debate de aprobarse, en las calles de varias ciudades del país los promotores del Referendo por las regiones ya han recogido 2,5 millones de firmas. Su propósito es que, mediante consulta popular, se apruebe que los impuestos de renta y patrimonio dejen de ser de la Nación y pasen a ser de los departamentos y del Distrito Capital.

Y aunque persiguen propósitos similares, llama la atención que los promotores del Referendo por las regiones se han desmarcado de la reforma al SGP. En este grupo están, entre otros, la exsenadora María del Rosario Guerra, el concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo o el exministro Carlos Gustavo Cano, quienes cuentan con el apoyo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Las razones

La exsenadora Guerra dijo a EL COLOMBIANO que, en la práctica, el ajuste al SGP “es más plata sin autonomía, seguirá dependiendo del Gobierno Nacional en la aprobación de los proyectos”. Si bien no oculta que podría ser “un avance para que los entes territoriales tengan mayores recursos”, insiste en que “no soluciona el gran reto, que es la profundización de la autonomía fiscal, que no solo implica más recursos sino que (las regiones) asuman responsabilidades en inversión, priorización de proyectos y satisfacer las necesidades de las comunidades”.

Una visión secundada por el gobernador Rendón, quien ve con mejores ojos el referendo que la reforma. Como recoge Blu Radio, para Rendón, modificar al SGP significaría de todas formas tener una dependencia del Gobierno central, mientras el referendo se convertiría en un mecanismo más efectivo.

De hecho, esa postura la describe la exsenadora Guerra: “El referendo pone a la ciudadanía a tomar la decisión de si quiere o no autonomía fiscal. El futuro debe ser mayor autonomía, que se logra en lo político con elecciones de alcaldes y gobernadores, en lo administrativo con planes de desarrollo, pero en lo fiscal lamentablemente no se tiene”.

Desde ya, los impulsores del referendo advierten que no van a dar marcha atrás así se apruebe la reforma al SGP. “El verdadero cambio lo deben aprobar los colombianos en las urnas”, recalcaron mediante un comunicado.

Por lo pronto, radicarán en diciembre, ante la Registraduría Nacional, las firmas que respaldan esta iniciativa para la organización institucional del Estado.

Lista ponencia de reforma a SGP

Vale decir que esta semana fue radicada para último debate la ponencia del proyecto que busca modificar el SGP.

La presentación fue encabezada por el representante Carlos Ardila. “Este cambio será implementado de manera gradual en un período de 12 años, iniciando en 2027, para garantizar un proceso ordenado y sostenible. Así, aseguramos equilibrio entre fortalecimiento territorial y estabilidad fiscal”, expresó.

Este octavo y último debate podría ser agendado la próxima semana en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Además de prometer un aumento hasta el 39,5% de recursos para las regiones provenientes de los ingresos corrientes de la Nación, la reglamentación de la posible nueva norma requiere una ley de competencias por parte del Gobierno.

“¿Críticas? Claro, escuchamos los comentarios que señalan algunos riesgos sobre la sostenibilidad fiscal. Respondemos con compromiso responsable, una estrategia gradual que entrará en vigencia solo cuando se apruebe la ley que redefina las competencias entre la Nación y los territorios, así como también mecanismos de monitoreo para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos”, puntualizó el representante Ardila.

Fuente: https://www.elcolombiano.com/