Un referendo que honra
la Constitución de 1991
La historia de Colombia es una travesía por el equilibrio entre unidad nacional y autonomíaregional.
La historia de Colombia es una travesía por el difícil equilibrio entre la unidad nacional y la autonomía regional. La Constitución de 1991 cristalizó esta dualidad, estableciendo como uno de sus principios fundamentales la autonomía de las regiones. Sin embargo, 32 años después, esta autonomía sigue siendo una utopía. Hoy, el referendo por la autonomía fiscal de las regiones emerge como una oportunidad histórica para saldar esta deuda y construir una Colombia más justa y alineada con su propia heterogeneidad.
Bajo el proyecto que busca reformar el SGP, los recursos siguen atados a obligaciones predeterminadas. Hasta ahí hay descentralización, pero autonomía no. Por el contrario, el referendo por la autonomía fiscal propone que los departamentos gestionen de manera independiente los impuestos de renta y patrimonio. Este modelo genera una verdadera capacidad de decisión y acción, lo cual honra el espíritu de la Constitución de 1991.
Si el referendo se aprueba, Colombia experimentaría un cambio significativo en su gobernanza territorial. Los departamentos duplicarían su presupuesto anual, lo que permitiría mejorar el acceso a la salud, la educación y la infraestructura, ajustando las inversiones a las necesidades reales de cada región. Además, los recursos llegarían a las regiones sin importar la ideología política de los gobernantes de turno, eliminando las inequidades históricas que han perjudicado a muchas regiones por no ser afines al presidente de turno.
Este modelo fortalecería el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones, al evidenciar resultados tangibles en sus territorios, restablecería el principio de la confianza . Por último, permitiría a cada región diseñar proyectos según sus propias capacidades e idiosincrasias, reconociendo a Colombia como una nación diversa y enriquecida por su heterogeneidad cultural y económica.
El Congreso tendrá una responsabilidad mayúscula: entender la magnitud de lo que está en juego. Este referendo no es simplemente una reforma más en la larga lista de debates legislativos. Es la oportunidad de saldar una deuda histórica del Estado con las regiones, una deuda que ha perpetuado la centralización, la desigualdad y la falta de oportunidades para miles de colombianos. El respaldo ciudadano que ha recibido esta iniciativa, con la recolección de más de 2.5 millones de firmas, no es casualidad; refleja un clamor profundo, una necesidad inaplazable de justicia social y autonomía real.
Negar o minimizar esta causa sería ignorar el mandato popular y traicionar los principios fundacionales de nuestra Constitución. El Congreso debe estar a la altura de este momento histórico, no solo como un órgano legislativo, sino como garante del sueño de una Colombia más justa.
Sin embargo, este no es un desafío únicamente para el Congreso. Es una causa que los colombianos deben sentir como propia. La autonomía fiscal no es un tecnicismo jurídico o un privilegio para las élites regionales; es la llave para transformar la vida de millones. Empoderar esta causa significa exigir que los recursos se administren y distribuyan de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y a su vez, que cada colombiano pueda ver reflejado su esfuerzo fiscal en su entorno inmediato.
El referendo es, en esencia, un acto de justicia social. Los colombianos deben asumir este reto como un movimiento nacional que trascienda ideologías políticas y regiones geográficas. Es un llamado a reconocernos como ciudadanos activos, a exigir un modelo de desarrollo que priorice la equidad, la diversidad y la autonomía de nuestras comunidades. Solo así podremos construir un país donde cada región, desde el Caribe hasta el Amazonas y desde el Guainía hasta el Chocó, pueda florecer de acuerdo con su propio potencial y visión.
Colombia no puede seguir siendo administrada como un país homogéneo cuando su diversidad es su mayor fortaleza. La autonomía no fragmenta; al contrario, construye una nación más unida, porque reconoce y respeta las particularidades de cada territorio. Adoptar la autonomía fiscal es también asumir nuestra responsabilidad como colombianos para fortalecer las instituciones locales, las cuales están más cerca del ciudadano y tienen el potencial de responder con mayor rapidez y eficacia a sus necesidades.
Construir una Colombia verdaderamente autónoma requiere cambiar la concepción misma de la nación: pensarla de afuera hacia adentro, donde las regiones, con su diversidad y capacidades, sean el motor del desarrollo nacional. El referendo por la autonomía fiscal no es solo una mejor opción que la reforma del SGP; es en realidad el único camino que honra el mandato de la Constitución de 1991.
Colombia está preparada para saldar esa deuda histórica con las regiones, de apostar por un modelo de nación que valore y potencie nuestra heterogeneidad. Porque la grandeza de Colombia no reside en su uniformidad, sino en su diversidad. Y esa grandeza solo será plena cuando cada región pueda decidir su propio destino.
