Prendió motores el polémico ‘Referendo por las Regiones’. Ayer estuvo en Neiva el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orjuela impulsando la iniciativa. Señaló que la propuesta no busca oponerse al Gobierno Petro, sino generar más autonomía fiscal para los departamentos a partir del recaudo de los impuestos a la renta y al patrimonio.

Por: Gustavo Patiño

Mediante la Resolución 6343 del 27 de junio del 2024, la Registraduría Nacional inscribió el comité promotor del Referendo por las Regiones. Una iniciativa que busca modificar el artículo 298 de la Constitución Política de Colombia. Agregándole un parágrafo en el que se define que los impuestos por renta y patrimonio pasen a ser administrados por los departamentos y el Distrito Capital, no por la Nación. Como está estipulado actualmente, que los distribuye en las regiones por medio del Sistema General de Participaciones.

El parágrafo que se pretende incluir sería el siguiente. «Sólo los departamentos y el Distrito Capital podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas que allí residan. El recaudo de estos impuestos será de propiedad exclusiva de ellos en su conjunto. Su distribución se hará atendiendo a los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, equidad social, solidaridad territorial, eficiencia y demás criterios que establezca la ley».

Cuatro millones de firmas

Ayer, el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orjuela estuvo en la capital huilense socializando la propuesta de referendo. Que se encuentra recaudando las firmas necesarias para que sea aprobado por la Registraduría. Y siga su curso hacia el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Diario del Huila conversó con Orjuela sobre los alcances de esta iniciativa con la que, según señaló a este medio, se pretende que los departamentos tengan más autonomía. “Nos propusimos recaudar cuatro millones de firmas, aunque en realidad la Registraduría nos exige llegar a 1’95,000. Porque sabemos que muchas veces las firmas no pasan la evaluación, por lo que es una meta autoimpuesta”, señaló el exministro. “Lo que buscamos es avanzar en la descentralización fiscal en las regiones”, agregó.

Según el Informe de Estadísticas de Recaudo Bruto de los Ingresos Administrados por la DIAN entre 2005 y 2024p. Elaborado por la Subdirección de Estudios Económicos de la entidad. En 2023 en el departamento del Huila se recaudaron 136,106 millones de pesos en el impuesto de renta y 3,187 millones de pesos por impuesto al patrimonio. Y hasta mayo del 2024, se recadaron 38,982 millones por concepto de renta y 1,754 millones en patrimonio. Estos recaudos, de ser aprobado el referendo, quedarían en el departamento en vigencias futuras.

Los departamentos dependen de la Nación

El equipo impulsor del Referendo por las Regiones, ha señalado en la exposición de motivos de esta iniciativa que. Pese a las reformas descentralizadoras que se hicieron en los años ochenta y en las que se avanzó en la constitución de 1991. En la que se definió a Colombia “como un Estado organizado en forma de República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales”. El centralismo sigue siendo la regla, sobre todo en materia fiscal. “Los municipios tienen rentas propias (impuesto predial) determinadas por la Constitución, pero los departamentos no. Sus ingresos más importantes provienen de rentas vetustas, desde la colonia, con incentivos perversos para la gestión de su incremento (impuestos a licores, tabaco). Esto hace que las regiones tengan hoy una alta dependencia de las transferencias de la Nación (Sistema General de Participaciones). Y que los proyectos estratégicos dependan de la voluntad del gobierno nacional”, señalan.

“Si hablamos en términos más comunes o pragmáticos, podríamos revisar el escenario actual. Por ejemplo, si la Nación recibe 100 millones de pesos por concepto de impuestos directos y tan solo 51 millones de estos son reintegrados a las regiones a través del Sistema General de Participación, entonces la propuesta apunta a que esos recursos se redistribuyan en los departamentos para poder impactar la inversión social y generar una equidad sin depender de las decisiones del Gobierno Nacional».

Agregar un parágrafo

«Lo que nosotros estamos es buscando es modificar el artículo 298 de la Constitución Política y agregarle ese parágrafo en el cual se busca es el procedimiento y las etapas deben surtirse con base en la ley estatutaria en materia de mecanismos de participación, el objetivo es agregar un parágrafo donde se estipule que los tributos directos de renta y patrimonio de cada región que hoy administra la Nación pasen a ser administrados por cada departamento, eso es buenísimo, aquí es clave aclarar que ningún departamento va a recibir un menor presupuesto, lo que se busca es que aumente hasta en un 50% los recursos”, señaló a Diario del Huila Wilson Ruiz Orjuela.

¿Desigualdad entre departamentos?

Varios analistas a nivel nacional han criticado la propuesta, señalando que al ser los impuestos a la Renta y al Patrimonio los que van a pasar a ser administrados directamente por los departamentos, los entes territoriales que tienen menos densidad poblacional se verán perjudicados, ya que no recaudarían suficientes recursos, ante esto el exministro vallecaucano señaló que igualmente se pretende crear un fondo de solidaridad, en el que los departamentos con más recaudo apoyen a los que no lo tienen.

“Tenemos que recordar que en nuestro país hay 32 departamentos donde las necesidades y los enfoques son distintos, es así que la fórmula de distribución de los recursos debe ser a partir de los requerimientos de cada territorio de modo que no podemos suponer que todos tienen las mismas limitaciones, siendo cada uno de los territorios los titulares de cada carencia porque bien en el ámbito de la infraestructura vial, hospitalaria, servicios públicos, equipamiento colectivo básico, son muchas formas de poderlo hacer”, aseguró Ruiz y señaló que este fondo de solidaridad puede ser desarrollado a partir de una ley en el Congreso, “se puede colocar en el artículo que se puede trabajar con el fondo de solidaridad y que una ley lo desarrolle, los recursos que recauda cada departamento, en mi criterio, debe recaudarlos cada secretario de hacienda del departamento”.

¿Federalismo?

La iniciativa toca las fibras de una discusión histórica que ha tenido Colombia frente al modelo de organización del Estado, con las propuestas de federalismo y centralismo, ante esto Ruiz aseguró que no se está proponiendo federalizar, “esto no busca en ningún momento una federalización ni mucho menos, Colombia es un estado unitario, descentralizado».

«Hay varios países que han implementado el sistema federal, como por ejemplo Estados Unidos en el que los estados que lo componen tienen cierta autonomía fiscal e incluso pueden recaudar impuestos sobre ventas de propiedades, entre otros, por ejemplo hay provincias como Alberta en Canadá, los cuales tienen capacidad de gestionar recursos naturales como por ejemplo el petróleo y gas, y generan ingresos significativos, en España hay un sistema autonómico que está por regiones como por ejemplo Cataluña y el País Vasco son de los que más le aportan tributos al sector central, de modo que con este referendo en ningún momento se está hablando de federalismo en Colombia”, aseguró.

‘No es una campaña política’

Desde el momento de la expedición de la Resolución 6343, el comité de impulso de referendo tiene un plazo de seis meses para recoger las firmas necesarias, que luego pasarían a evaluación de la Registraduría, posteriormente al Congreso y desde allí hasta la Corte Constitucional, eso significaría que al momento de llegar a los electores, el referendo coincidiría con los tiempos electorales del 2026, lo que según varios analistas políticos se puede leer como un intento por activar en las regiones a la ciudadanía y que la oposición llegue fortalecida a los comicios.

Ante esta insinuación el exministro de Justicia señaló que, aunque los tiempos coinciden, la iniciativa no tiene un afán electoral, “es parcialmente cierto en que coinciden los tiempos del ejercicio del referendo con los comicios de los años venideros porque los primeros seis meses desde luego es para recoger las firmas, estamos hablando finales del 2024, luego pasaría al congreso, la legislatura arranca en marzo del año entrante, pongamos que lo tengan listo en septiembre y octubre y luego pasa a la Corte Constitucional, entonces digamos que estamos hablando necesariamente que esto se iría para marzo del 2026 antes de las elecciones parlamentarias, de modo que los tiempos coinciden un poco, pero esto nada tiene qué ver con que vayamos en contra del gobierno, simplemente lo que se busca es un beneficio de las personas que más lo necesitan para que vean que estos recursos no se les vayan”, aseguró.

FUENTE: https://diariodelhuila.com/