La Registraduría Nacional del Estado Civil validó 2.184.548 firmas de las más de 3.300.000 presentadas por el comité promotor del referendo por la autonomía fiscal de las regiones. Este número supera el umbral requerido de 2.028.000 firmas, permitiendo que la iniciativa avance al Congreso de la República para su debate y posible aprobación.

El referendo propone una reforma al artículo 298 de la Constitución Política, con el objetivo de que los departamentos y el Distrito Capital asuman la gestión y el recaudo de los impuestos de renta y patrimonio. Esto permitiría que los recursos generados en cada región permanezcan en su territorio, fortaleciendo la autonomía fiscal y promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible, según sus impulsores.

La propuesta del referendo surgió con la idea de otorgar mayor autonomía fiscal a las regiones. Actualmente, los departamentos dependen en gran medida de las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), lo que limita su capacidad para impulsar proyectos estratégicos y atender las necesidades locales de manera eficiente.

El proyecto no está exento de críticas. Algunos dirigentes han expresado preocupaciones sobre la capacidad de los departamentos para gestionar estos recursos de manera efectiva, señalando posibles riesgos de corrupción y mala administración. También advierten sobre la posibilidad de generar desigualdades entre regiones con diferentes capacidades económicas y administrativas.

Este es el caso del presidente Gustavo Petro, quien señaló: "Hay que advertir que si los departamentos pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín. (...) Al aumentar la desigualdad regional aumentaría la violencia, bogotanos y la gente del poblado se darían cuenta que el centralismo extremo que proponen en un mar de violencia no serviría para nada".

Lo que viene en el proceso de lograr la autonomía fiscal de las regiones

A pesar de las críticas, el proyecto sigue avanzando. Con la validación de las firmas se espera que el Congreso de la República debata su viabilidad y determine si procede su convocatoria. Si aprueba la iniciativa, la Corte Constitucional evaluará su conformidad con la Constitución. De ser avalada en ambas instancias, el presidente de la República fijará la fecha para la votación ciudadana, prevista para este año.

Fuente Cambio Colombia